El juez Civil y Comercial 6 de Resistencia, Jorge Sincovich, dispuso la inmediata asistencia del gobierno provincial con agua potable y alimentos para las comunidades Wichí, asentadas en El Impenetrable chaqueño. Esta resolución surge tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Defensora General Adjunta, Gisela Gaúna Wirz. La sentencia ordena al gobierno de Leandro Zdero garantizar y reforzar la provisión de estos recursos esenciales hasta que se resuelva la acción de amparo que se tramita en dicho juzgado.
El magistrado consideró que, con las pruebas disponibles, se demuestra que la gestión actual implementó medidas “insuficientes” e “inadecuadas” para abordar la “delicada situación” que atraviesan las comunidades Wichí.
La medida de Sincovich, firmada este martes, ordena al gobierno de Zdero garantizar la provisión “continua, oportuna y adecuada” de agua potable y alimentos a las comunidades Wichí, y reforzar las acciones necesarias hasta que se resuelva la acción de amparo en trámite. El alcance de la resolución incluye a las comunidades de Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza, y a los parajes El Tartagal, Tres Pozos, Nueva Población, Pozo del Toba, Comandancia Frías, Fortín Belgrano, y otras ubicadas en el Departamento General Güemes.
El magistrado, al evaluar las pruebas presentadas por la Defensora General Adjunta y los informes entregados por el gobierno provincial, determinó que el pueblo Wichí enfrenta una situación de “extrema pobreza” debido a la falta de políticas públicas adecuadas por parte del Estado provincial. Además, señaló que las medidas tomadas por la gestión de Zdero son claramente “insuficientes” para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades originarias.
Advirtió sobre el “presupuesto del peligro en la demora”, destacando que el acceso a alimentos y agua potable es fundamental para la supervivencia de las comunidades. Según Sincovich, el “mero transcurso del tiempo” hasta que se dicte la sentencia definitiva podría tener “efectos nefastos” en la población.
La situación de pobreza extrema que afecta desde hace décadas a las comunidades indígenas del Chaco se agravó aún más durante el último año de gestión de Javier Milei. Esto motivó la intervención de Gauna Wirz, quién en noviembre de 2024 impulsó una acción de amparo con medida cautelar ante el Superior Tribunal de Justicia para que inste al gobierno provincial a brindar asistencia urgente al pueblo Wichí.
Es que la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2007 –cuando gobernaba otro radical, Roy Nikisch- solo alcanzaba al pueblo Qom. En esa ocasión, el por entonces defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, calificó la situación de los pueblos originarios como un “exterminio silencioso”.
En su resolución, el STJ, por mayoría, consideró que la medida se debe tramitar ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia, quién tiene a cargo la ejecución de la medida cautelar de la Corte. Así votaron la jueza Emilia Valle y sus pares Victor del Río, Alberto Modi y Néstor Varela.
Isabel Grillo fue la única que votó en disidencia. Aclaró en primer lugar que este caso versa sobre un territorio distinto al que se incluye en el amparo que tramita el Juzgado Civil y Comercial 6 y por eso no debería acumularse en dicho expediente. Además, se mostró en contra de delegar las actuaciones en ese tribunal inferior.