La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió un recurso de apelación interpuesto por la defensa de José Sebastián Bachmann, exjefe de área del Banco Nación en Presidencia Roque Sáenz Peña, quien fue procesado sin prisión preventiva por los delitos de defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la investigación, Bachmann habría transferido $ 648.000 a su cuenta personal desde una cuenta perteneciente a Mario Oscar Rodríguez, un cliente fallecido meses antes. La maniobra fue detectada por la gerenta del banco, Mariela Kanje, quien denunció los hechos y dio inicio a una auditoría interna. En ese marco, se identificaron otras 31 transferencias sospechosas que también tendrían como destino la cuenta personal del imputado y que provenían de cuentas de personas fallecidas, cuyos haberes jubilatorios o pensiones seguían siendo depositados por ANSES.
La jueza federal de primera instancia, en base a pruebas documentales y registros informáticos del banco, consideró que Bachmann se valió de su “usuario-perfil” habilitado para operar internamente sin la debida autorización superior, lo que habría posibilitado el fraude. En su resolución, concluyó que el acusado abusó de su cargo para realizar operaciones indebidas, perjudicando a la administración pública al redirigir fondos públicos en beneficio propio.
El acusado se abstuvo de declarar durante la indagatoria, pero su defensa —a cargo del abogado Miguel Zacarías Issolio— apeló la medida al considerar que la resolución carece de fundamentación y que la calificación legal es errónea. Alega que no existió inducción ni disposición patrimonial por parte del Estado, y que las transferencias no fueron realizadas directamente por Bachmann sino que se habrían originado por omisiones de otros funcionarios o por la falta de notificación del fallecimiento de los titulares por parte de sus herederos.
Asimismo, sostiene que el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público es de carácter residual y que, de acreditarse un fraude, no correspondería un doble reproche penal. También cuestionó la falta de producción de pruebas periciales —tanto médicas como contables— que fueron solicitadas por la defensa para evaluar el estado de salud del imputado y determinar el impacto económico de las operaciones.
LA DECISIÓN DE APELACIONES
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó los planteos de la defensa y ratificó el procesamiento de Bachmann. En una resolución firmada este martes 21 de mayo, las juezas Rocío Alcalá y Patricia Beatriz García, consideraron infundados los agravios de la defensa técnica del imputado, que había cuestionado la legalidad del fallo anterior por supuesta arbitrariedad, falta de prueba y ausencia de perjuicio patrimonial al Estado.
La Cámara sostuvo que la resolución apelada cumplía con los requisitos mínimos de fundamentación exigidos por el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación, desestimando así el pedido de nulidad. En esa línea, recordaron que la doctrina sobre sentencias arbitrarias “no puede perseguirse con el solo fin de impugnar decisiones jurisdiccionales por desacuerdos con su razonamiento jurídico”.
Respecto del fondo del asunto, los magistrados ratificaron la imputación por el delito de fraude a la administración pública (art. 174 inciso 5º del Código Penal), al considerar que Bachmann habría desviado fondos públicos hacia su cuenta personal valiéndose del cargo que ocupaba. Según consta en el expediente, el acusado habría efectuado al menos 32 operaciones utilizando un usuario provisto por el propio banco, transfiriendo montos correspondientes a jubilaciones y pensiones de personas fallecidas.
La Cámara argumentó que el mero desvío de fondos públicos fuera del ámbito de custodia de la administración es suficiente para configurar el delito de fraude, incluso si esos montos hubieran sido transferidos originalmente a cuentas de terceros fallecidos. “Al haber fallecido los titulares originales de dichos beneficios previsionales, no podrían verse perjudicados, siendo la administración pública quien resultó afectada, dado que continuó depositando indebidamente esos fondos, que posteriormente fueron desviados por el imputado para beneficio propio”, señala el fallo.
Además, confirmaron la imputación por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), al considerar acreditado que Bachmann, con conocimiento de la ilegalidad de sus actos, actuó de manera contraria a las normas que regulan su función pública, aprovechando su rol administrativo dentro del Banco Nación, una entidad que forma parte de la administración pública nacional.
De esta manera, el tribunal de alzada dejó firme el procesamiento del exfuncionario, quien continuará vinculado al proceso judicial mientras avanza la investigación.
