El Decreto 383/2025 redefine el papel de la Policía Federal Argentina con un fuerte enfoque en el ciberespacio, despertando cuestionamientos sobre los límites entre seguridad y libertad.
Por Pedro Matías Cacivio
Perito Informatico de Nación
En un contexto de reformas profundas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, la Policía Federal Argentina (PFA) se encamina hacia un nuevo paradigma en materia de seguridad. Con la publicación del Decreto 383/2025, el Poder Ejecutivo no solo redefine las misiones de la fuerza, sino que instala en el centro del debate una práctica controvertida: el ciberpatrullaje.
El decreto establece que la PFA podrá “realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas” (art. 6º, inc. 11). Esto supone una expansión significativa del alcance operativo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que asumirá un rol clave en el monitoreo del ciberespacio con fines preventivos.
Desde el Gobierno Nacional aseguran que esta facultad está circunscripta a los límites de la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe expresamente la recolección de datos de ciudadanos por razones políticas, sociales o económicas, salvo que exista una conexión directa con un delito. Sin embargo, no tardaron en surgir críticas. La exministra de Seguridad Sabina Frederic, entre otras voces, advirtió que en el contexto actual “es difícil pensar que se usará el ciberpatrullaje solo para prevenir delitos”.
La tensión entre seguridad y derechos individuales está servida. Para sus defensores, se trata de una herramienta imprescindible para investigar delitos federales complejos, como el crimen organizado, la trata de personas, el narcotráfico o el terrorismo digital. Para sus detractores, es un potencial mecanismo de vigilancia masiva que podría vulnerar la libertad de expresión.
En su anexo, el decreto de 11 páginas también promueve una modernización integral de la fuerza: rediseño del estatuto, capacitación de universitarios, adquisición de tecnología de investigación, y reasignación de recursos hacia las áreas consideradas estratégicas. El DFI será el núcleo operativo del nuevo modelo, articulando acciones de inteligencia criminal en el entorno digital.
Además, no es la primera vez que el Estado incursiona en el uso de información digital para fines de control y prevención. Bajo el concepto de OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas), desde hace años se recopilan, analizan y utilizan datos públicos disponibles en la web para apoyar investigaciones. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, el gobierno nacional promovió sistemas como “Mi Argentina”, que concentraban información personal y sanitaria en una sola plataforma digital. Este precedente evidencia que la gestión de datos públicos ya formaba parte de una estrategia estatal. Sin embargo, el advenimiento de herramientas de inteligencia artificial accesibles al público masivo ha potenciado exponencialmente las estafas virtuales y crímenes cibernéticos, estableciendo nuevos desafíos que obligan no solo a las fuerzas de seguridad a aggiornarse, sino también a una urgente modernización del marco legal vigente.
La PFA, entonces, se redefine como una fuerza de investigación federal orientada a delitos complejos, dejando atrás tareas de seguridad ciudadana local. Este cambio, según el Gobierno, busca adaptarse a las amenazas del siglo XXI.
La discusión está abierta: ¿es posible controlar el cibercrimen sin debilitar las garantías constitucionales? La vigilancia digital, bajo la lupa del Congreso, la Justicia y la opinión pública, podrá marcar el futuro de la seguridad en la Argentina conectada.