La Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández de Kirchner, por administración fraudulenta en la obra pública de Santa Cruz, al rechazar por unanimidad los recursos de su defensa y considerar que el fallo respetó el debido proceso.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes la condena a seis años de prisión para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al rechazar por unanimidad los recursos presentados por su defensa en la causa por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz.
El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó cada uno de los argumentos del recurso de queja presentado por la ex mandataria y sostuvo que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que “la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley”.
Además, se ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Corte también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, desestimando el recurso del Ministerio Público por considerarlo “inadmisible” según el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
Según el fallo, “las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida”, y se remarcó que Cristina Kirchner “relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para intereses particulares”. La condena incluye también al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López y otros ex funcionarios.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 había sentenciado a Fernández de Kirchner por administración fraudulenta y ordenado el decomiso de $84.835 millones, al considerar probado un esquema que favoreció a las empresas de Báez durante los gobiernos kirchneristas.
La defensa de la ex presidenta planteó numerosos cuestionamientos sobre la imparcialidad del tribunal y la valoración de las pruebas, pero la Corte concluyó que esos planteos no lograron demostrar arbitrariedad ni violaciones a garantías constitucionales.
En sus fundamentos, la Corte rechazó los argumentos sobre supuesta parcialidad de los jueces y consideró que las críticas de la defensa fueron una «reedición» de argumentos ya descartados por instancias inferiores. “No resulta una refutación suficiente sostener un criterio interpretativo distinto”, señalaron los ministros.
La decisión de la Corte agota las vías ordinarias de apelación, dejando firme una condena histórica que sella un capítulo central en la relación entre el poder político y la Justicia en la Argentina.
El fallo completo de la Corte
Los pasos que siguen
Con la confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, comienzan a definirse los pasos para la ejecución de la sentencia dictada en el marco de la causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal N.º 2, que llevó adelante el juicio y condenó a la expresidenta, es ahora el encargado de hacer cumplir la sentencia. Integrado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, deberá iniciar el procedimiento notificando a la exmandataria que queda detenida.
La modalidad habitual en este tipo de casos consiste en citar al condenado a los tribunales de Comodoro Py para que se presente de manera voluntaria, tal como se hizo en causas como la tragedia de Once, con el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, y más recientemente en la causa de la “Ruta del dinero K”.
La citación podría establecerse para una fecha específica o dentro de un rango de días, considerando que los condenados se mantuvieron siempre a derecho y no hay indicios de riesgo de fuga. Sin embargo, todo dependerá de las circunstancias particulares que evalúe el tribunal.
Además de Cristina Kirchner, deberán comenzar a cumplir sus condenas otras ocho personas: el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, todos con penas de seis años; así como los exfuncionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Santibañez (4 años) y Raúl Pavesi (4 años y 6 meses).
Posible prisión domiciliaria
Una vez que los condenados se presenten, el tribunal deberá determinar cómo se cumplirá cada condena. En principio, se prevé el ingreso al sistema penitenciario federal, pero es probable que las defensas soliciten prisión domiciliaria, especialmente en casos como el de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años.
Si bien la ley permite pedir este beneficio a partir de los 70 años, su concesión no es automática y requiere un trámite que puede demorar varios días o semanas, con la intervención de las partes involucradas.
Hasta que se resuelva esa situación, el tribunal deberá decidir el lugar de detención transitorio, que puede ser una unidad penitenciaria, una dependencia policial o incluso el domicilio de la persona.
En el caso de Cristina Kirchner, un factor clave será su seguridad, dado su rol como expresidenta, vicepresidenta y el antecedente del intento de asesinato que sufrió en 2022. Esto podría influir en la elección del lugar donde deba ser alojada.
Las partes también podrán realizar distintas presentaciones sobre cómo debe ejecutarse la condena. La defensa de la expresidenta, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, así como los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, podrán hacer planteos ante el tribunal.
Inhabilitación perpetua
Por otro lado, el tribunal también deberá notificar a la Cámara Nacional Electoral sobre la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, a fin de que Cristina Kirchner sea removida del padrón electoral. Esta medida no solo le impide votar, sino también ser candidata en cualquier elección futura.
En cuanto a los otros condenados, habrá que analizar las situaciones individuales. Por ejemplo, Báez y López ya tienen otras condenas, por lo que se deberá realizar un cómputo para establecer una pena única. En el caso de Báez, actualmente cumple prisión domiciliaria en El Calafate por su condena de diez años en la causa “Ruta del dinero K”, y hay un pedido pendiente para que regrese a una cárcel.
De este modo, la causa Vialidad entra en una nueva etapa: la ejecución de la condena, que marcará un hecho histórico en la política y la Justicia argentina, con la primera pena de prisión firme para una expresidenta constitucional.